Los independentistas se borran del Congreso salvo para cobrar: solo una proposición desde julio

La crisis catalana se refleja también en el trabajo de los diputados independentistas. Desde la vuelta del verano, y coincidiendo con la escalada del órdago secesionista, la actividad parlamentaria de ERC y PDeCAT está en números rojos. 

Aquí están las cifras: desde julio, el grupo republicano no ha registrado ninguna proposición no de ley, la propuesta de la oposición-no vinculante- para instar al Gobierno a adoptar medidas en asuntos diversos. Las últimas fueron presentadas el 13 de julio, y calificadas por la Mesa de la Cámara el 5 de septiembre, cuando se retomó la actividad parlamentaria tras la vuelta de las vacaciones. Tampoco hay rastro de proposiciones de ley, el instrumento más potente porque sí puede provocar cambios normativos.

En su lugar, la actividad parlamentaria del grupo se ha limitado a una ofensiva contra el Gobierno: así, han pedido la comparecencia del propio presidente ‘para dar cuenta de las razones por las que, como primera autoridad del Gobierno, se niega a asumir sus responsabilidades políticas como Secretario General del Partido Popular en la financiación del partido a través de una caja B’. También han requerido a doce ministros en distintas comisiones-los más reclamados han sido los de Justicia, Rafael Catalá e Interior, Juan Ignacio Zoido- y han registrado dos interpelaciones urgentes. Una, «sobre la defensa del modelo de escuela catalana» y otra, «sobre la respuesta que el Gobierno está dando al pueblo de Cataluña en su deseo de ejercer su derecho a decidir».

Por su parte, el Grupo Mixto- en el que se integra el PDeCAT-presentó también en julio su última proposición de ley (para la reparación jurídica de las víctimas del Franquismo) y, desde ese mes, solo ha registrado una proposición no de ley para su debate en Pleno, calificada por la Mesa del Congreso este mismo martes, y relativa a la ‘prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro’.

El grupo también ha endurecido su batalla parlamentaria contra el Estado, con siete interpelaciones urgentes, una interpelación del Gobierno ante el Pleno y 17 en comisión en apenas dos meses de trabajo parlamentario.

Las cifras son aún más llamativas si se comparan con los números de la oposición: en el mismo periodo, el Grupo Socialista ha presentado seis proposiciones de ley-la última, debatida este mismo martes sobre la ‘mejora de la pensión de viudedad para personas perceptoras con 65 o más años de edad y menores ingresos’-once proposiciones no de ley en Pleno y seis interpelaciones urgentes (una de ellas, la de la vicepresidenta del Gobierno para explicar las cargas policiales durante el 1 de octubre), entre otras iniciativas.

También desde julio, Podemos ha registrado seis proposiciones de ley- la última sobre la ‘modificación de la Ley del Registro Civil y concordantes’-cinco interpelaciones urgentes, una comparecencia del Gobierno en pleno y 45 comparecencias de ministros en distintas comisiones y doce proposiciones no de ley en Pleno.

Ciudadanos, por su parte, ha presentado dos proposiciones de ley, tres interpelaciones urgentes, diez comparecencias del Gobierno en comisión y ocho proposiciones no de ley ante el Pleno.

El Congreso estudia retirarles el sueldo

A la escasa actividad parlamentaria se une que en las últimas semanas, los diputados de esas formaciones han hecho ‘pellas’, ausentándose de los plenos y de las comisiones en protesta por la crisis política en Cataluña, incluso para acudir a distintos actos en apoyo a la independencia.

Ese comportamiento podría tener consecuencias. La Mesa del Congreso ha solicitado este martes un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para analizar si es posible sancionar económicamente a estos diputados.

La semana pasada, Ciudadanos ya pidió formalmente a la Mesa del Congreso que retire parte del sueldo a estos diputados que desde el pasado 20 de septiembre se ausentan de forma voluntaria de la mayoría de plenos y comisiones, por entender que su comportamiento es «incompatible con sus deberes parlamentarios».

Los 17 diputados de los partidos independentistas catalanes se benefician anualmente de casi un millón y medio de euros por su escaño en el Congreso (1.409.446,64 euros), de los cuales, 438.419,8 euros están además libres de impuestos.